Soldados y Marinos: Los generales

martes, 21 de agosto de 2012

Los generales

20 Agosto, 2012 - 22:49

CREDITO:

Alberto Aguirre M./El Economista

Las filtraciones sobre los posibles sustitutos del General Secretario de la Defensa Nacional arreciaron, al tiempo que avanzaban las campañas presidenciales. Las primeras versiones, en esa dirección, provenían de Washington DC, donde había dudas sobre quién ganaría, no obstante que Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota habían expresado públicamente que darían continuidad a la estrategia de combate al crimen organizado implementada por la administración calderonista.

Un mes antes de las elecciones presidenciales, de acuerdo con versiones de prensa no refutadas, México envió al Pentágono una lista de prospectos a encabezar la Sedena, con el fin de “disipar dudas y ofrecer garantías de continuidad” en el combate al crimen organizado. En estricto orden alfabético aparecían en ese listado: Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa y Arturo Oliver Cen.

García Ochoa, actual director de administración de la Sedena, tenía el visto bueno de los candidatos presidenciales de las tres principales fuerzas políticas, en tanto que Gaytán Ochoa, subsecretario de la Defensa Nacional en este sexenio, tendría una mejor perspectiva, de haber triunfado el PAN. Cienfuegos, en cambio, resultaría la mejor carta para los priístas. Oliver Cen, quien fungió como agregado militar en la Embajada de México ante el gobierno de Barack Obama, sería el preferido del Pentágono.

Augusto Moisés García Ochoa, actual director general de administración de la Sedena, parece haber sido víctima del fuego amigo -en sentido figurado, claro está- luego de que se diera a conocer la erogación de más de 5,000 millones de pesos en la compra de un equipo de inteligencia de última generación.

El futurismo en la Sedena llegó a niveles nunca antes vistos pasada la elección presidencial. Al grado de que el secretario, Guillermo Galván tuvo que llamar la atención a los involucrados, de acuerdo con versiones no desmentidas.

Tal gesto era más que necesario dado el activismo de quienes buscan quedarse al frente de la Secretaría de la Defensa.

Allí está, por ejemplo, el ímpetu del general Virgilio Daniel Méndez Bazán, comandante de la IX Región, con sede en Mérida, Yucatán, quien, de acuerdo con una tarjeta informativa que ha circulado profusamente en las semanas recientes, ha llegado a manifestar en diversas reuniones que, dada su añeja relación con Peña Nieto, bien podría ocupar el máximo cargo para un militar de su rango. También se le ha escuchado decir -de acuerdo con reportes escritos a los que se tuvo acceso recientemente- que quedaría conforme si “su hermanito” lo invitara a hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal.

Tales reportes establecen que Méndez Bazán estableció su hermandad cuando estuvo al frente de la XXII Zona Militar, con sede en Santa María Rayón, etapa que coincidió con el sexenio de Peña Nieto como Gobernador del Estado de México. Al margen de sus expresiones indiscretas, este divisionario efectivamente cuenta con el respaldo de gobernadores y líderes priístas de la zona sureste del país.

Méndez Bazán ingresó al Ejército Mexicano el 15 febrero de 1965. A su generación también pertenecen los generales Oliver Cen, ahora jefe del Estado Mayor de la Secretaría, y Gaytán Ochoa, quien funge como subsecretario.

Cienfuegos Zepeda es oficial mayor de la Secretaría; tiene 64 años cumplidos y está a punto de cumplir 50 años en el servicio militar. Forma parte de una clase de alumnos que ingresó en 1964 al Colegio Militar y de la que también egresaron José Armando Tamayo Casillas, jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio del presidente Vicente Fox, y Raúl López Castañeda, comandante de la V Región Militar, destacamentazo en Manzanillo, Colima.

Entre los probables sucesores de Galván Galván mencionados en esa tarjeta informativa está el general Roberto Miranda Sánchez, no obstante que ya tiene más de un año en situación de retiro. Exjefe del Estado Mayor Presidencial, mientras Ernesto Zedillo estuvo en Los Pinos, también presume de ser cercano a Peña Nieto, amigo de Carlos Slim y seguro titular de la dependencia, si Andrés Manuel López Obrador hubiera ganado la elección.

Su estatus de retirado supone un escollo grande, pues desde la Revolución Mexicana todos los secretarios de la Defensa han sido generales de división en activo. En contra, además, tiene 11 expedientes abiertos dentro de la Sedena por abuso de autoridad y lesiones a compañeros de armas.

El documento también incluye a Roberto de la Vega Díaz, comandante de la III Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Entre sus aspectos favorables destaca su oriundez (es originario de Toluca), pero también destacan los problemas que tuvo en el Heroico Colegio Militar.

Al margen de la autenticidad de esas versiones, llama la atención que las filtraciones y los golpes bajos siguen, imparables.

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Se calientan los verdes

Raymundo Riva Palacio

Se calientan los verdes

La Razón

PRIMER TIEMPO: Se destapó el primer relevo del general Galván. Uno de los grandes temas de los últimos meses en la prensa política es el relevo en la titularidad de la Secretaría de la Defensa con la llegada del nuevo gobierno. Tradicionalmente, el Presidente entrante no decide sobre uno en particular, sino sobre una terna que le entrega el secretario saliente. Lo que no es usual es que ese juego de sillas vacías que se realizaba en sigilo, se ventile ahora en la opinión pública. La arena que han escogido es El Universal, donde este viernes el subsecretario de la Defensa, el general Carlos Demetrio Gaytán, se llevó el principal titular del diario con una conferencia que dio en la Universidad Anáhuac. Gaytán habló de la necesidad de construir un Plan Nacional de la Defensa —o sea, su visión programática—, y subrayó la urgencia de que es importante que se construya una política de Seguridad Nacional —que defina en términos modernos lo que actualmente existe—, y una de Seguridad de Defensa —que engloba la regulación de la tropa en tareas de seguridad pública—. Es decir, planteó —y el periódico fue su megáfono— su plan de trabajo para que lo escuchen en donde deben. Pero esta información tiene una alterna, publicada el mes pasado en el mismo diario, donde el protagonista fue otro general, Moisés García Ochoa, director general de Administración de la Sedena, para entender lo que está pasando. A diferencia del trato editorial con el general Gaytán, con Ochoa la información fue negativa pues se le acusó de haber firmado contratos para la adquisición de equipo para espionaje político. En esa quemada a Ochoa, se soslayaron detalles importantes. Es cierto que firmó los contratos, pero esa es su responsabilidad en la Sedena, y sí son equipos de escucha, para renovar los que tienen —como otras dependencias— para el combate a los delincuentes y enemigos de la Nación. ¿Pueden ser utilizados con fines políticos? Sí, pero ese tipo de giro no se deja por escrito en ningún lado, como tituló el periódico. El fondo de este manejo diferenciado es que hay un grupo que quiso desbarrancar al general Ochoa, el más visible de los generales en la línea de sucesión, y el mismo u otro, que ensalzó al general Gaytán, quien irrumpió por la puerta grande como el primer destapado para el relevo.

SEGUNDO TIEMPO: ¿Dónde está el caballo negro? Las aguas movedizas en la administración pública están pintadas de verde. El general Carlos Demetrio Gaytán forma parte de una triada de la Caballería militar que incluye a otro general en la línea de sucesión en la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor, y el general Roberto Miranda, recientemente jubilado por edad, que trabaja en el equipo del aún no presidente electo, Enrique Peña Nieto. Aunque nunca se ha dado, no hay ley que impida que el Presidente llame a un general en retiro para ocupar el despacho principal de la Secretaría, lo que debe saber el general Miranda, ex jefe del Estado Mayor Presidencial de Ernesto Zedillo, quien también ha dado varias entrevistas de prensa para dar a conocer lo que piensa debe hacerse en el campo de su expertise. Quizás el general Miranda considere que puede ser él, y no sus dos amigos, quien ocupe el despacho mayor en Lomas de Sotelo. Pero no es el que más ocupa la niña de los ojos de Peña Nieto, según afirman conocedores del tema, sino el actual Oficial Mayor de la Sedena —el relevo de Miranda—, el general Roberto Cienfuegos, quien ya estuvo hace seis años en una terna para ese gran despacho y la perdió con el general Guillermo Galván en el último, literalmente, minuto. El general Cienfuegos es ampliamente respetado en las Fuerzas Armadas y, de todos los principales aspirantes a la Secretaría, es quien más discreto ha sido. No ha publicado libros ni otorgado entrevistas. Lo que en política suele ser un activo, en las Fuerzas Armadas se considera un error. Pero las cosas han cambiado mucho y cuáles serán los parámetros de la decisión, son un misterio. En todo caso, los jugadores alrededor de las sillas vacías, hasta ahora, son sólo ellos.

TERCER TIEMPO: Mientras llega el relevo, el general se cura. La trascendental discusión en la Suprema Corte de Justicia de los últimos días, donde estableció límites al fuero militar, y determinó que cualquier delito de uno de los suyos que cometa contra civiles o que no se relacionen a la disciplina militar deberá ser juzgado en un tribunal civil, provocó una ola de especulación sobre lo que podrían pensar en la Secretaría de la Defensa. ¿Cómo reaccionarán al volverse más susceptibles a castigo al no existir una ley que los blinde en sus tareas de policías en la lucha contra el narcotráfico? ¿Había necesidad de que esta tensión se elevara al final del sexenio? En el sexenio anterior, en los tiempos del desafuero del ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, el presidente Vicente Fox, le pidió al general secretario, Clemente Vega, que en caso de protesta social en las calles, los soldados estuvieran listos para actuar. El general Vega le respondió a su comandante en jefe que estaba de acuerdo, siempre y cuando la orden se la diera por escrito. Vega tenía en mente el descrédito del Ejército por la matanza de Tlatelolco, que no se ha podido subsanar desde 1968, y no quería que una vez más por un mal manejo de civiles, el costo se lo llevaran los militares. Fox no ordenó nada por escrito y se neutralizó la petición. La pregunta era si el próximo secretario de la Defensa le diría algo al próximo Presidente cuando le pidiera ir a las calles a cumplir funciones de policía. El actual secretario, el general Guillermo Galván, no dejó que volara más la especulación. Arregló que el procurador militar, el general Jesús Gabriel López, diera una entrevista a Reforma, donde habló por su boca: “La Sedena acatará la decisión que tome la Corte, pero no significa que se disminuya el ímpetu de la institución en el combate a la delincuencia organizada en apoyo de las autoridades civiles”. Tranquilos, dijo el general, nadie come lumbre. El mensaje, entendido por quienes tienen que oírlo, tiene una velocidad transexenal.

Fuero legislativo y fuero militar

El fuero legislativo, se creó para proteger la libertad de expresión -en el recinto parlamentario- y la regularidad del quehacer de los representantes populares hace más de 150 años. No se creó como una patente de corso para violar la ley y, menos aún, para crear mexicanos inmunes a las leyes.

Las manifestaciones del Poder Nacional son: sociales, económicas, políticas y militares. Éstas últimas se refieren al poder militar de la nación. Por eso, en la Constitución Política se expresa como "FUERO DE GUERRA", las normas que de acuerdo con el poder nacional, rigen a las fuerzas armadas. Estas normas, de ninguna manera interpretan una inmunidad para los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Aunque con el mismo error (Fuero militar), considero muy acertadas las opiniones de Carlos Ramírez. Cuestión de enfoques.



Carlos Ramírez. Indicador político.
Jueves 23 de agosto del 2012.
+ Sin escudo de seguridad nacional
+ ¿Ahora quién podrá defendernos?

Si se analizan a fondo los debates en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por amparos solicitados para trasladar expedientes de tribunales militares a civiles, el fondo real del asunto nada tiene que ver con los derechos humanos sino con el acotamiento de la acción militar.
La mayor parte de los casos ventilados en la Corte han tenido que ver con la competencia de tribunales civiles o militares, y en algunos de ellos fueron los propios tribunales militares quienes trasladaron los expedientes a tribunales civiles; el rechazo civil hizo quedar los asuntos en el limbo, lo que llevó la definición de competencia a la Corte Suprema.
La decisión de la Corte de acotar el fuero militar nada tuvo que ver con la impunidad de militares en hechos tipificados como delitos porque los militares involucrados en agresiones a civiles están detenidos, juzgados, sentenciados y condenados a pagar sus culpas en prisiones militares. Este dato fue extrañamente escondido en los debates en la Corte, dejando la sensación de que los tribunales militares tapaban a los militares violadores de derechos humanos.
El acotamiento del fuero militar lastimó profundamente la disciplina militar que constituye la columna vertebral del funcionamiento de las fuerzas armadas en tribunales especiales. Más aún: las decisiones de la Corte no afectaron a casos en particular ni facilitaron el castigo a violaciones de derechos humanos por soldados y oficiales, sino que redujeron el escudo de seguridad nacional de la república porque casos particulares condujeron a romper la disciplina militar.
Como ha ocurrido con algunos militares de alto rango acusados de presuntas relaciones de complicidad con algunos cárteles del crimen organizado durante funciones como militares, su litigio en tribunales civiles les abrió muchas posibilidades de obtener su libertad por el hecho de que las leyes criminales civiles tienen más hoyos que un queso suizo.
En este contexto, por defender los derechos humanos los ministros de la Corte Suprema facilitaron la apertura de celdas a criminales arrestados por militares, porque puede venir un caudal de amparos en función de las nuevas reglas de la disciplina militar. Asimismo, muchos militares sentenciados en tribunales militares con leyes muchísimo más estrictas que las civiles también podrían exigir su traslado al mundo civil.
El debate sobre el fuero militar ha sido mal comprendido en México, cuando en Colombia hubo un rechazo a la exigencia de la CIDH de subordinar el fuero militar a los tratados internacionales y los dictámenes de ese organismo; la razón oficial de Colombia se ajustó al hecho de que Colombia se encontraba en guerra abierta contra el narcotráfico y sus socios guerrilleros-terroristas y los militares eran los únicos con capacidad, organización y armamento para enfrentarlos.
El acotamiento del fuero militar en México se dio en un escenario que nada tenía que ver con la impunidad; hasta ahora, el ejército ha aceptado y aplicado las recomendaciones de la Comisión nacional de los Derechos Humanos en los casos denunciados, instaló una Dirección General de Derechos Humanos, ha sometido a su oficialidad a cursos intensivos sobre el respeto a las garantías ciudadanas y creó una oficina especial para recibir denuncias ciudadanas.
A ello se ha agregado la decisión militar de juzgar severamente a militares involucrados en casos de corrupción y violación de derechos humanos, sin que haya habido hasta ahora caso alguno que pueda ser calificado de complicidad con la violación de garantías ciudadanas. El propósito central de esta decisión castrense tuvo que ver con el hecho de que cualquier complicidad podría empañar el principio del fuero militar y de la disciplina castrense.
Los casos de violación de derechos humanos han sido perseguidos por tribunales militares. En cambio, los tribunales civiles han perdido batallas históricas contra el pasado priísta de violación de derechos humanos, como fueron los desahogados por la fiscalía especial que creó el gobierno de Fox para revisar las represiones del pasado represivo y autoritario.
La disciplina militar y el fuero de guerra son las piezas fundamentales del escudo de seguridad nacional de la soberanía del Estado mexicano. Las dos tienen que ver con la conformación vertical del ejército y la severísima disciplina que deben mantener quienes tienen posesión de armas. Cuando los militares fueron enviados a combatir al crimen organizado porque la fuerza policiaca regular del Estado había sido rebasada por la capacidad y poder de los delincuentes, las instituciones políticas y judiciales le quedaron debiendo al ejército una reformulación de la ley de seguridad nacional para garantizarle sus funciones.
El acotamiento del fuero militar se ha hecho en México no en función de necesidades específicas del problema de la inseguridad del cumplimiento de compromisos internacionales. Pero esos tratados se aprobaron en un escenario diferente al de la ofensiva brutal del crimen organizado contra las instituciones del Estado mexicano. Lo grave es que esos tratados de hecho replantearon la doctrina constitucional mexicana, como lo mostró el ministro Sergio Valls Hernández --uno de cuyos funcionarios directos en la Corte está detenido por servir al narcotráfico-- al declarar que "los derechos humanos están por encima de la Constitución", aunque sin señalar que se trata de la doctrina internacional de derechos humanos fijada sin atender las condiciones especiales de cada país.
Las últimas decisiones de la Corte Suprema van a replantear el papel del ejército en la lucha contra el crimen organizado en función del desamparo en que se encuentran los militares, sin reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en la lucha contra las bandas criminales, sobre todo porque la Corte se inclinó por la suma cero sin encontrar equilibrios de protección a los militares que se están jugando la vida por las instituciones que los desamparan con tanta facilidad. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es castigar a sus defensores.
(Aclaración: por error del columnista, ayer se escribió de Operación Noroeste y debió ser Operación Noreste.)